LA HISTORIA MODERNA DE GRAMENET, QUE DEBES CONOCER
El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz ha decretado la apertura de juicio oral para 11
imputados por el caso Pretoria, la red de
corrupción política y urbanística destapada en municipios del
área metropolitana de Barcelona en el año 2009. En un auto, resolución
razonada, emitido este miércoles, el magistrado impone fianzas por valor de
102,6 millones de euros a los procesados, entre ellos los ex altos
cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta,
para quienes el fiscal pide una pena de seis años y diez meses de prisión por
tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Según el fiscal,
Luigi mantenía con el que fue alcalde de Santa Coloma entre 1995 y 2009,
Bartolomé Muñoz, “una relación personal y profesional tan fluida e intensa que,
de facto, era Luis Andrés García quien dirigía y tomaba muchas de las
decisiones urbanísticas de este Ayuntamiento”. La relación estrecha se ampliaba
al entonces concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, quien, afirma el fiscal,
“contribuyó eficazmente, gracias a la presión que desde su posición de
jerarquía ejerció sobre distintos técnicos municipales intervinientes en la
adjudicación pública realizada en la llamada Operación Pallaresa, a la comisión
de las múltiples irregularidades administrativas”.El ministerio público sostiene
que Luigi, diputado autonómico entre 1980 y 1988, desempeñó un “papel
fundamental” en la trama corrupta como “conseguidor o facilitador e
intermediario”. Según el escrito, era “notoria la relación e influencia que
ejercía sobre los cargos públicos integrantes de los órganos decisorios de las
adjudicaciones públicas”. Además, los empresarios daban como un “hecho asumido”
que “para resultar adjudicatarios, debían contar con la autorización mediata de
Luis Andrés García”.
El Caso
El Caso 
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